Por Jose Manuel Restrepo Abondado
El Nuevo Siglo, Bogotá
Agosto 13 de 2009
Dicen los expertos que las diferencias de los planteamientos de las distintas escuelas de pensamiento en macroeconomía suelen ser las más profundas de la ciencia económica, no tanto por la argumentación teórica, sino más bien por las implicaciones que puede tener uno u otro planteamiento en términos del efecto social de la política propuesta. Siempre serán bienvenidas esas diferencias cuando media un diálogo amplio y abierto.
Es por ello que es sano el debate que ha planteado el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, respecto a “cuán mínimo” debiese ser el salario mínimo en Colombia. Su planteamiento es racionalmente acertado cuando nos descubre a todos la muy baja proporción de asalariados en nuestro país que son beneficiarios de dicho salario mínimo (5,9%), así como la gran proporción de compatriotas que, o no tienen empleo y por ende tampoco salario, o a pesar de las normas terminan ganando menos del salario mínimo (50% de los empleados). Igualmente importante es el estudio de la dinámica de estos datos que demuestra que estos porcentajes de beneficiarios de salario mínimo son decrecientes y de aquellos que reciben menos de dicho salario son, por el contrario, crecientes. Adicionalmente concluye Carrasquilla sobre los efectos perversos de la política de salario mínimo en la informalidad laboral. A lo anterior se suma su preocupación sobre los altos costos parafiscales (ICBF, SENA, Cajas de Compensación) que a juicio del exministro desmotivan la vinculación laboral.
Al final la conclusión de Carrasquilla podría ser compartida por cualquiera: “Repugna que tantas familias vivan con ingresos tan precarios…realidad inaceptable en una sociedad moderna”.
Difícilmente no compartir este último planteamiento, y menos aún los datos estadísticos de justificación que se arguyen, pero de allí a promover una reducción del salario mínimo y una eliminación de los costos parafiscales hay un trecho grande.
La discusión de la política de salario mínimo debe darse en relación con la productividad de los trabajadores, con el crecimiento de las economías, con la eficiente y necesaria política social y con la capacidad de incrementar la demanda de los trabajadores basado en una remuneración digna. La discusión no debería ser sobre cómo reducir los ingresos de los asalariados para generar más empleo, sino cómo generar más empleo estable, digno y atado a la productividad, para incrementar los ingresos y con ello la capacidad de demanda de los trabajadores y capitalistas. ¿De qué sirve en el mediano y largo plazo redistribuir la pobreza, si no somos capaces de generar mayores ingresos para los distintos actores productivos?
Debates como el anterior parecen más convenientes que otros que pueden hacernos olvidar el problema de raíz y sí nos llevan a posiciones finales irreconciliables que, como lo demuestra Carrasquilla, se refieren a muy pocos. Sea esta la oportunidad para invitarnos a todos a una nueva forma de discusión de la política laboral en Colombia, reconociendo un nuevo papel del factor de producción trabajo en el mejoramiento, productividad, competitividad y rentabilidad empresarial.
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