Razones estratégicas

Por Rafael Nieto Loaiza

El País, Cali

Agosto 16 de 2009

Ya está listo el acuerdo que autoriza a EE.UU. el uso condicionado de bases militares colombianas.

No sobra insistir en su conveniencia. Aquí no se trata, como alguien sostuvo, de “suplir las necesidades militares de los norteamericanos”. Si fuera así mejor haríamos en no firmar. Colombia tiene que mirar sus propios intereses y no puede ni debe subordinarlos a los de ningún país, por poderoso e importante que éste sea. Además, los costos internacionales del convenio serían muy altos. Y la contraprestación inexistente.

Aquí no hubo, por ejemplo, un intercambio, en todo caso indeseable, entre el uso de las instalaciones militares y la firma del TLC. Y digo indeseable porque el TLC se justifica por sí mismo. Para los gringos porque hoy el grueso de los productos colombianos entra a EE.UU. en virtud del Atpdea, y en cambio los de ellos sí están sujetos a aranceles y otras restricciones aduaneras. No hay duda de que las exportaciones norteamericanas a Colombia aumentarían considerablemente con un tratado de libre comercio. Por pequeña que sea nuestra economía, no es despreciable. Y menos en la crisis que vivimos.

Para nosotros, porque necesitamos un acceso seguro y no condicionado a las renovaciones del Atpdea. Ese acceso es indispensable para exportadores y para los inversionistas extranjeros que quisieran usar nuestro país, privilegiado por su ubicación geográfica y cada vez más atractivo por sus nuevas condiciones de seguridad física y jurídica, para llegar al mercado norteamericano.

El acuerdo se explica por nuestras urgencias estratégicas. Un par de esas necesidades son públicas y conocidas: el combate al narcotráfico y el terrorismo, una y la misma lucha. Para reforzar nuestro esfuerzo requerimos del apoyo norteamericano en dinero y en materia de inteligencia. Una necesidad aun mas acuciante en circunstancias de severas restricciones fiscales y con un plan Colombia que disminuye año tras año. El apoyo en inteligencia en tiempo real y las inversiones norteamericanas en las bases son irremplazables y, al menos el primero, no admite demora. Se equivoca de cabo a rabo Ernesto Samper cuando sostiene que el acuerdo “definitivamente deberíamos aplazarlo”. En momentos en que la tarea de modernización de la fuerza pública que empezó con Andrés Pastrana ha empezado a dar frutos sustantivos, cualquier aplazamiento supone poner en riesgo lo alcanzado. Es tiempo de perseverar y ahondar la lucha, no de cejar en el empeño.

Sobre la otra urgencia algunos hablan en privado y con voz queda. Y sin embargo, es tan importante como la de enfrentar a los mafiosos y terroristas: Colombia está bajo amenaza real por el proyecto expansionista y totalitario del Teniente Coronel de al lado.

En las condiciones actuales, concentrados como estamos en resolver el conflicto interno, Colombia no tiene una capacidad disuasiva suficiente y creíble como para desalentar cualquier aventura del vecino ni mucho menos, en la peor de las hipótesis, para enfrentar una agresión conjunta desde Ecuador, Nicaragua y Venezuela. El acuerdo con los Estados Unidos neutraliza, al menos de momento, el riesgo.

Esas razones geoestratégicas, vitales para nuestra seguridad y defensa nacionales, justifican plenamente el convenio. “Subordinar la política de seguridad” para apaciguar a los vecinos, como propone Samper, no sólo es irresponsable: sería un suicidio.