Reversa memorable

Luis Guillermo Restrepo S.

El País, Cali

Agosto 16 de 2009

Flaco favor le hacen a la justicia colombiana los dos magistrados que se empeñan en procesar a 86 Representantes a la Cámara por votar a favor del referendo. Y más vale que se aclare el galimatías que inventaron, con lo cual evitarán las polémicas que destruyen la credibilidad de la Corte Suprema a la cual pertenecen.

No contentos con abrir un proceso, los dos magistrados llamaron casi a indagatoria al 52 % de la Cámara que aprobó la realización del referendo. Con lo cual amenazaron a los congresistas, basados en la denuncia de uno de sus colegas perteneciente a la oposición. Y proyectaron la sombra de la duda sobre un proceso que, gústenos o no, está consagrado en la Constitución como mecanismo para reformarla.

Sin duda, muchos no estamos de acuerdo con un tercer período del presidente Álvaro Uribe, por el daño que eso puede causar. Pero aquí existen unas reglas de juego en los procesos legislativos, donde no participa la Corte Suprema de Justicia, y menos su Sala Penal. Esas reglas ordenan que se examine el pedido que firmaron más de cuatro millones de ciudadanos. Y debe cumplirse a no ser que quienes deben dictar justicia quieran hacer política.

En la esencia de la democracia está la inmunidad para los legisladores cuando votan, salvo cuando se demuestren un interés doloso. Después se inicia el control posterior que empieza por la facultad del Presidente de la República para negarse a sancionar las leyes que considere inconvenientes o violatorias del régimen jurídico, y sigue con la atribución de la Corte Constitucional para revisar la legalidad de actos como la ley que cita a un referendo. Incluso los ciudadanos pueden demandarlos, cuando consideren que desconocen la Constitución.

Por eso es inexplicable que los magistrados Yesid Ramírez y María del Rosario González hayan llamado a la cuasi indagatoria a los 86 Representantes, con el argumento de que antes de votar debían tener en cuenta el concepto de la Registraduría sobre la legalidad de la recolección de firmas. Ellos saben que si los legisladores desconocen los procedimientos, la ley aprobada será anulada, sin consecuencias penales, salvo que se demuestre una intención criminal en su voto. Y que la revisión de su legalidad le corresponde sólo a la Corte Constitucional.

Entonces, ¿por qué insisten en su procedimiento, que además interfirió el trámite del referendo? Por intervenir en política. Es tan grave su error, que les ha tocado aclarar que ya no investigan el sentido del voto, ni su inviolabilidad, sino “conocer detalles de los hechos”. Y que los Representantes tienen derecho a no asistir a las “versiones libres”, una reversa memorable que sólo enreda más las cosas.

La Justicia es necesaria para mantener la concordia de una sociedad civilizada. Y se desvirtúa cuando quienes deben aplicarla se involucran en la política o se dejan tentar por el poder que significa la facultad de decidir lo que es conveniente para esa sociedad.

Tiene razón el presidente de la Corte Constitucional al decir que se está atentando contra la Justicia en Colombia. Pero debería aclarar que lo hacen tanto los que la espían y la amenazan, como quienes desde adentro la usan para intervenir en política, algunas veces con ánimo revanchista.