El partido de la Corte

Por Luis Guillermo Restrepo S.

El País, Cali

Junio 7 de 2009

Con la notificación enviada por la sala penal de la Corte Suprema a los Representantes a la Cámara que votaron por el referendo, se confirma que aquí la ley ya no es para regular el funcionamiento del Estado o impartir justicia y proteger los derechos ciudadanos. Es, simplemente, para hacer política.

Aunque no le guste al furibundo antiuribismo, los congresistas tienen derecho a votar las iniciativas legislativas como lo juzguen conveniente. Y está claro, aquí y en cualquier sistema democrático, que los partidos y sus integrantes pueden expresar su favoritismo a favor de las iniciativas puestas a su consideración, sin que ello implique un prevaricato.

Los congresistas no son jueces obligados a respetar la imparcialidad y la reserva en sus decisiones, sino agentes de la política que tienen derecho a expresar su opinión, antes y después de votar. Por eso no prevarican. De hecho, es común que se exija el voto nominal para descubrir los tránsfugas que traicionan sus partidos.

Ahora, la sala penal de la Corte decide investigarlos con base en la denuncia que busca atajar con la justicia lo que no pudo detener en el libre juego democrático. Eso es la denuncia del representante del Polo, Germán Navas Talero, especialista en leguleyadas. Y la Sala Penal, que debería estar preocupada por la morosidad que impide la recta y cumplida Justicia para millones de colombianos, esta vez actuó con presteza.

Los magistrados de esa Sala saben que el control de constitucionalidad sobre las leyes, en este caso la que aprueba el referendo, le corresponde a la Corte Constitucional. Y allí no tienen nada que hacer. Pero la denuncia de Navas, motivada en intereses políticos y no en principios jurídicos, les dio la oportunidad para intervenir. O por lo menos, para lanzar un mensaje intimidante: si usted votó por el cambio que permite la reelección, usted puede ser culpable de prevaricato.

Los doctos dirán que no es una sindicación. Sin embargo, cualquiera entiende el sentido de la carta, en momentos en que varios de sus destinatarios integran la comisión que conciliará las diferencias entre la Cámara y el Senado, causadas por el bendito artículo. Es decir, al que tenga oídos que oiga.

¿Será una coincidencia? ¿Acaso no saben los autores de la notificación sobre “la apertura de una investigación previa en su contra”, el efecto que tendrá? ¿No es una intervención indebida en el proceso legislativo que adelanta el Congreso? ¿Y no es una intervención para tratar de impedir la reelección de quien tiene desacuerdos con algunos miembros de la Corte?

Claro que el Gobierno no ha cumplido su parte en la “relación armónica” que debe tener con el poder Judicial. Y no hay dudas sobre los perjuicios que producen las chuzadas a los teléfonos de los Magistrados o la denuncia del presidente Uribe al magistrado César Julio Valencia. Pero la notificación tiene un desagradable tinte político y un inconfundible olor a revancha.

Al respaldar con su voto la ley aprobatoria del referendo, los 86 representantes hoy investigados cumplieron su parte en un proceso legislativo. Pero al abrirles una investigación por actuar como pueden hacerlo, la Sala Penal de la Corte dio un paso en falso. Y demostró su afán de participar en política. Ahora es el partido de la Corte.