La CSJ está interviniendo gravemente en política

Por Libardo Botero C.

Blog Debate Nacional, Medellín

Junio 7 de 2009

La CSJ está interviniendo gravemente en política, para torpedear el referendo, con la apertura de investigación a 86 Representantes a la Cámara, de la coalición de gobierno. Lo hace en el momento preciso que crea, para los parlamentarios, el dilema de si participar en la comisión de conciliación de la ley de refrendo reeleccionista y votar luego el texto acordado, so pena de sufrir un tortuoso proceso penal. Proceso que, como se ha visto en el caso de la para-política, implica la detención de los parlamentarios desde el mismo momento en que se inician los interrogatorios. Amén de que los incriminados no tienen el derecho de una segunda instancia, salvo que decidan renunciar a la curul. ¿Querrá la Corte doblegar al Congreso para detener la reelección de Uribe, con la espada de Damocles de encarcelarlo y/o revocarlo si no obra en consecuencia?

Y a sabiendas de que la investigación por la presunta violación de los topes en la recolección de firmas del referendo es un asunto enteramente diferente al de la validez de las mismas, que ya fue refrendada por las autoridades electorales.

Cuando en el trámite de la farc-política lleva más de un año, con indicios y pruebas fehacientes, sin llamar a indagatoria ni a investigación a los congresistas implicados, sorprende en este caso que la Corte haya corrido a tomar decisiones con una velocidad pasmosa.

Es además una artimaña anti democrática que pretende vulnerar y burlar no solo el querer de más de cuatro millones de colombianos que firmaron la solicitud de referendo, sino la voluntad mayoritaria del Congreso. El liberalismo y el Polo, que le juegan a la estrategia de utilizar contra Uribe y su gobierno las Cortes, están hiriendo de muerte nuestras instituciones democráticas.

Esta misma semana, en el fallo contra el ex parlamentario Teodolindo Avendaño, efectúa la CSJ dos apreciaciones sumadamente peligrosas. La primera, al referirse (sin que ello tenga relación con el juicio ni el fallo mencionado) al trámite actual de referendo y a la participación en las sesiones del Congreso del Ministro de Protección Social. Es una presión indebida y una alusión infame: está sugiriendo que el gobierno, para el referendo reeleccionista está utilizando mecanismos de presión u ofrecimientos indebidos. Y veladamente amenaza al Ministro y a los congresistas, por supuesto. La otra: la sugerencia desafiante de que hay que investigar a más congresistas en la "yidis-política", por su apoyo a la reforma que acogió la reelección, renovando veladamente la tesis que ya había esgrimido de que dicho acto legislativo no fue legítimo.

La Carta del 91 es fatal en el tema del equilibrio de poderes. Porque además de lo dicho por la columnista Paloma Valencia en el periódico El País de Cali, el 6 de junio, eliminó la inmunidad parlamentaria que rigió por más de un siglo en Colombia, como acertadamente lo recordó el doctor Luis Carlos Restrepo hace poco. Se echó por la borda ese viejo principio de la democracia representativa, el alma misma del sistema de pesos y contrapesos de que tanto se habla. ¿No valdría la pena revivirla?

Y una inquietud que me asalta, como ciudadano del común, poco versado en materias jurídicas. Algunos magistrados de la Corte están investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, como el caso de César Julio Valencia, denunciado por el Presidente Uribe por presunta calumnia. Entre otros. ¿No puede ser recusada la Corte en este caso, pues estaría juzgando a quienes la están investigando? ¿Y no es su proceder también un intento de bloquear las investigaciones del Congreso en su contra?

¿Qué hacer? Esa es la pregunta que nos asalta de inmediato ante los hechos mencionados. Pienso que, en primer término, el Congreso no puede dejarse intimidar y debe proceder a conciliar y votar el texto definido en sesión plenaria. De igual modo debe suscitarse una movilización masiva de ideas y pronunciamientos, a nivel nacional e internacional, denunciando lo que está ocurriendo. Y definitivamente, pensar en una nueva reforma constitucional que enderece estos entuertos de la Constitución del 91, tan elogiada por tantos pero definitivamente tan enrevesada y contradictoria.