La prueba de fuego de Alan

Editorial

El Colombiano, Medellín

Junio 13 de 2009

Un decreto que permite la explotación minera y forestal en la Amazonia peruana, dentro de un acuerdo comercial con Estados Unidos, ha puesto contra la pared la gobernabilidad del presidente Alan García, que ahora busca agotar la vía del diálogo que no se tuvo antes de firmarse la norma. Las protestas ya pasaron la frontera de la diplomacia.

Las imágenes de indígenas blandiendo sus lanzas de madera contra piquetes de policía y éstos haciendo uso desbordado de la fuerza, más reales para los tiempos de las cavernas que de este mundo moderno y globalizado, tienen hoy a Perú en una compleja y peligrosa "ley de la selva", que ya dejó 33 muertos y amenaza la estabilidad política del presidente Alan García.

Y las razones son tan complejas como los argumentos que esgrimen las partes para alentar los enfrentamientos. Mientras el gobierno defiende la explotación minera y gasífera por parte de compañías extranjeras, dentro de un acuerdo de libre comercio firmado este año con Estados Unidos, los indígenas reclaman su soberanía sobre lo que, dicen, les pertenece ancestralmente.

Desarrollo versus autonomía. La histórica dicotomía que ha servido para radicalizar posiciones y alimentar violencias, como ha pasado en otros países y de manera reciente en nuestra América Latina. El diálogo ha sido el gran ausente en la solución de todas nuestras diferencias y problemas.

Nos ha pasado en Colombia. Le pasó a Evo Morales en Bolivia, le pasa a Chávez en Venezuela, a los Kirckner en Argentina, a Correa en Ecuador y le acaba de suceder a Alan García en Perú, pues el "florero de Llorente" es el decreto 1090, sobre ley forestal y fauna silvestre, que permite la explotación de la selva y sus recursos naturales, pero que no fue consultado con los casi 10 millones de indígenas que ocupan esas tierras.

Ahora, con la suspensión por 90 días del polémico decreto, Alan García puede tener un segundo oxígeno para desactivar el polvorín social que se incuba en Bagua Grande, norte de Perú, y que amenaza con extenderse hasta la capital e, incluso, contar con el apoyo de fuerzas indígenas en el vecindario.

No de otra forma se explica la intromisión del presidente de Bolivia, Evo Morales, que envió una carta a los manifestantes en la que invitaba a la "revolución", ni la aceptación de asilo político concedido por Nicaragua al líder Alberto Pizango, uno de los promotores de la protesta que terminó con la muerte de 23 policías, algunos degollados, y 10 indígenas, el pasado 9 de abril.

Está en juego la gobernabilidad de García y el futuro comercial de su país con Estados Unidos, pues la suspensión del decreto ya generó las primeras preocupaciones en Washington, donde también se sienten presiones para que el influjo de Hugo Chávez no termine por favorecer a Ollanta Humala, opositor al gobierno, y uno de los hombres con amplia ascendencia dentro de las comunidades indígenas. Esa es una prueba de fuego para Alan García.