Por Hernán Martínez Torres*
El Tiempo, Bogotá
Junio 13 de 2009
"¿Hecatombe ambiental? ¿Crimen irreparable?"
¡Qué fácil es destruir la honra de los funcionarios públicos desde una columna de opinión simplemente porque las decisiones de los funcionarios no se acomodan a la visión del mundo del columnista! No importa cuál haya sido el fundamento legal en el que los funcionarios hayan basado sus decisiones, parece que lo que cuenta es impresionar a los lectores con la erudición de una pluma venenosa, que evita ocuparse de los detalles jurídicos, técnicos, políticos, sociales y económicos que involucran estas decisiones, y prefiere condenar y estigmatizar a los funcionarios y a "infinidad de compatriotas".
La columna de la señora Salud Hernández publicada en EL TIEMPO del domingo 7 de junio es una larga lista de improperios e imprecisiones, dirigidos especialmente al señor Ministro del Ambiente y al suscrito por las decisiones que el Ministerio del Ambiente ha tomado y el Ministerio de Minas y Energía ha promovido y apoyado en relación con la mina de oro de Cajamarca, y por un título minero otorgado para explorar carbón en Nuevo Colón (Boyacá).
Si ignoramos el monumental esfuerzo de la señora Salud Hernández por adjudicar epítetos descalificativos a los funcionarios del Gobierno y a quienes no piensan como ella, podemos abordar un franco debate sobre estos temas con quienes realmente estén interesados en estudiar los problemas que enfrentan al medio ambiente con la actividad minera y la producción de energía. A mi modo de ver, existe un grupo respetable de ciudadanos que se preocupan legítimamente por el medio ambiente y están convencidos de que la actividad minera y los proyectos para la generación de energía son enemigos de aquel y deben ser proscritos sin ninguna consideración.
Es importante escucharlos y tener en cuenta sus preocupaciones. Al otro lado del espectro estamos quienes también profesamos un inmenso respeto por el medio ambiente, pero consideramos que hoy en día existe la tecnología que hace compatible su protección con el desarrollo responsable de la actividad minera y de la producción de energía. Quienes promovemos este punto de vista como funcionarios públicos y los convertimos en políticas públicas tenemos la obligación de exponer nuestros argumentos ante la opinión, pero también tenemos el derecho de hacerlo sin ser satanizados, como lo hace la señora Salud Hernández desde su columna.
El artículo, escrito con saña, con el deliberado propósito de destruir las reputaciones de los funcionarios, presenta pocos hechos concretos y abunda en imprecisiones. Primero que todo, desconoce que la ley establece claramente, sin excepciones, que la autoridad minera delegada, en este caso Ingeominas, tiene la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones de los títulos mineros, incluyendo sus obligaciones en materia ambiental. Segundo, ninguna entidad gubernamental está autorizada para violar la ley y negar sin argumentos válidos una solicitud de contrato de concesión que se ajuste a la normatividad (Ley 685 de 2001, Código de Minas). Ese no es un capricho de este Gobierno, ni es "regalo envenenado": es la ley.
Nuestro país no puede renunciar a la explotación de sus recursos naturales, así como no puede hacerlo sacrificando el medio ambiente. La explotación responsable de estos recursos permite el progreso, que genera bienestar para todos los colombianos. La responsabilidad desde el momento del estudio de las solicitudes de los contratos de concesión de títulos mineros, pasando por la fase de exploración y terminando con la producción del mineral, está asignada a Ingeominas por delegación del Ministerio de Minas y Energía. Una vez adjudicados, los títulos son fiscalizados por Ingeominas para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.
* Ministro de Minas y Energía
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