Precisiones a una columna

Por Viviana Manrique Zuluaga*

El Tiempo, Bogotá

Junio 6 de 2009

Señor Director:

Le solicito publicar los siguientes comentarios respecto a la columna de Claudia López (02-06-09), de la que discrepamos porque no es veraz ni objetiva.

1. Se afirma que la ocupación se ha realizado con el apoyo gubernamental.

No es cierto lo dicho, el Gobierno Nacional está apoyando el fortalecimiento de los consejos comunitarios de Curbaradó y Jiguamiandó; de allí la presencia de Fuerza Pública y Policía que permitirá combatir los grupos ilegales.

Los territorios de Curbaradó y Jiguamiandó, ocupados por palmeros y ganaderos, se están recuperando. Al consejo comunitario de Curbaradó se le devolvieron 1.200 hectáreas ocupadas por tres empresas cultivadoras de palma, que fueron entregadas en presencia de representantes de la Unión Europea, Cinep y Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Las 3.400 hectáreas ocupadas por palmeros pendientes han sido objeto de verificación de los títulos de propiedad y de anulación de las anotaciones en los folios de matrícula inmobiliaria. Dentro del proceso se delimitó el área con georreferenciación y se identificaron los predios privados adquiridos en forma legal, Resolución 2424 de 2008 del Incoder. Para la recuperación material, desde el año 2008 se viene en un proceso que demanda tiempo. La pretensión de la señora Claudia López para que la Policía y el Ejército lancen a quienes están ocupando los terrenos, es imposible mientras no se surtan los procesos legalmente establecidos, porque nuestro Estado Social de Derecho nos obliga a respetar la ley; en consecuencia, el proceso es más difícil, pero no imposible, y el Gobierno está haciendo ingentes esfuerzos para recuperar el territorio y, además, brindar una oferta institucional para que los consejos comunitarios y las comunidades que los integran elaboren sus planes de desarrollo en la seguridad de que cuentan con el respaldo del Estado.

2. Los consejos comunitarios de Curbaradó y Jiguamiandó, en ejercicio de la autonomía que les es propia, acordaron levantar un censo poblacional, el Ministerio del Interior y de Justicia ha acompañado y financiado el proceso. Una vez se tenga definido el censo, quienes no aparezcan en él son ocupantes de mala fe al tenor de lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 70 de 1993.

3. Las familias retornadas han sido relativamente pocas, algunas lo hicieron con acompañamientos de la comunidad internacional, pero no se ha producido desplazamiento en los últimos tiempos. No es cierto que el Estado esté propiciando repoblamiento y financiamiento a palmeros. Los proyectos a desarrollar tienen un principio básico: No apoyo al ocupante ilegal.

* Viceministra del Interior