Rasgos de la política agrícola actual

Por Juan José Perfetti Del Corral

El Colombiano, Medellín

Junio 12 de 2009

En los últimos días han aparecido en el periódico El Colombiano algunas noticias relacionadas con emprendimientos y nuevos proyectos en el sector agropecuario y otras asociadas a los efectos de la actual política agropecuaria del país. De una u otra forma, todas estas noticias se ven como expresiones de dicha política, al tiempo que permiten conocer algunos rasgos altamente contrastantes de la misma.

Respecto a los proyectos y los emprendimientos, en la edición del viernes 5 de junio se informaba acerca de las inversiones que un grupo petrolero va a realizar en tres plantas de etanol a base de yuca amarga y de caña de azúcar en los departamentos de Meta, Vichada y Putumayo, con inversiones por más de 200 millones de dólares. La ejecución de estos proyectos significará la generación de más de 8.000 empleos en zonas del país, especialmente en Vichada y Putumayo, donde, hasta ahora, no es fácil encontrar grandes núcleos productivos especializados en la producción de cultivos agrícolas modernos y de corte empresarial. El departamento del Meta, con las siembras de palma africana, soya y arroz, tiene mayor tradición en este tipo de cultivos. Según la persona entrevistada, el proyecto utilizará como materia prima la yuca amarga para evitar afectar el mercado de la yuca para el consumo humano.

El segundo proyecto es la creación de un fondo de inversiones forestales que tiene como meta inicial sembrar, en el departamento de Antioquia, 1.250 hectáreas de pino. El valor del fondo será de 10.355 millones de pesos y cada inversionista deberá aportar, como mínimo, 300 millones de pesos. El rendimiento esperado de la inversión es de 20% anual. Frente al potencial forestal que tiene Colombia, este proyecto se muestra excesivamente limitado.

Finalmente, en las últimas semanas se ha generado una intensa discusión respecto a lo que está pasando con el sector lechero. La retención obligada de una parte del precio al productor, los altos inventarios de leche, 50.000 toneladas, y unos precios al consumidor que no reflejan la situación real del mercado, son algunas de las manifestaciones de dicha crisis. A esto se agregan las fricciones que de tiempo atrás hay dentro del gremio ganadero y de éste con la industria lechera.

Según cálculos del Ifpri, la sostenibilidad de la producción de biocombustibles depende de que el precio del petróleo se ubique por encima de los 75 dólares el barril. Un precio menor implica que la producción de biocombustibles debe ser subsidiada por los gobiernos. Si, además, existen estímulos especiales a la producción de biocombustibles, la industria se desarrolla sobre la base de los mismos. A esto hay que agregar que el tamaño del mercado interno y el porcentaje autorizado de mezcla de biocombustibles determinan si la expansión exagerada de plantas obliga a que la producción deba dirigirse a los mercados externos, generándose el fenómeno de que los consumidores colombianos terminen subsidiando a los consumidores extranjeros. Es decir, la noticia de los proyectos de etanol en el oriente del país sería excelente si dicha producción no se basara, estrictamente, en políticas de subsidios y apoyos.

En cuanto al fondo forestal, es lamentable que, en un país con clara vocación forestal, hablar de un poco más de 1.000 hectáreas nuevas resulte una gran noticia periodística. En este caso ocurre lo contrario a lo de las plantas de biocombustibles: faltan los estímulos y los apoyos que hagan de Colombia una potencia forestal.

Finalmente, el caso de la leche pone en evidencia los resultados perversos que resultan de aplicar, en el sector agrícola, la teoría de la protección a ultranza y el apoyo indiscriminado a la producción. Hoy el país está pagando un alto costo por esta equivocada política.