Por Saúl Hernández Bolivar
El Mundo, Medelín
Junio 1 de 2009
A los ricos de Colombia, a diferencia de otros países, nunca les ha gustado cumplir el servicio militar obligatorio. Son los pobres los que defienden el orden social, en muchos casos –si no en todos– porque para ellos es la única alternativa de sustento digno; o son soldados y policías o se contentan con ser obreros de construcción.
Es aberrante que en las clases más favorecidas persista esa execrable costumbre de ‘comprar’ la Libreta Militar, y es una grave incoherencia de todo el conjunto social que mientras las Fuerzas Armadas y la Policía gozan de un gran aprecio y admiración entre los colombianos –acaso porque sabemos que sus integrantes arriesgan el pellejo por nosotros a diario–, vestir el uniforme no sea visto como un honor sino como un infortunio.
De cierta forma, los grandes contribuyentes compensan en algo la situación pagando el impuesto al patrimonio con el que se ha incrementado el pie de fuerza y financiado la modernización de los equipos de las fuerzas estatales. Sin embargo, el banquero Luis Carlos Sarmiento ha propuesto que este gravamen sea pagado por todos los colombianos –incluyendo a los que sí prestan a sus hijos para defender a los demás–, sin hacer distinción alguna en la capacidad de pago de cada cual. Eso estaría muy bien si se tratara de un impuesto progresivo, en el que pague más quien más tiene, pero es inaceptable si lo que se pretende es un ‘simple’ aumento de uno o dos puntos en el IVA para gravar a todos los colombianos sin excepción, como si se tratara de una sociedad igualitaria.
El impuesto a la seguridad no puede tener el mismo tratamiento que aquellos tributos que buscan recursos para el cine o el deporte pues se trata de un asunto que, además del político, tiene un trasfondo filosófico. A los pobres no se les pueden cargar el gravamen y los muertos al mismo tiempo, cuando los problemas de seguridad están íntimamente ligados con las profundas desigualdades. La pobreza no justifica la violencia pero alienta en algunos la presunción de que les da derecho de atentar contra la vida, honra y bienes ajenos como forma de reivindicación social.
En ese orden de ideas, los ricos demandan más seguridad porque corren más riesgos, en tanto que los pobres son más susceptibles de convertirse en una amenaza para la seguridad de los otros, debido a sus precarias condiciones de subsistencia. Es un contrasentido que quienes más necesitan seguridad paguen menos por ella y que a los más necesitados se les arrebate algo más de sus escasos ingresos para agravar su situación de vulnerabilidad. Además, las clases altas y las empresas invierten cada vez más en seguridad privada, lo cual también es ilógico.
Debería ser a la inversa, menos seguridad privada y mayor fortalecimiento de las instituciones.
El hecho de que la financiación de la seguridad quede huérfana le da alas a quienes creen que los organismos de seguridad están sobredimensionados y que estrategias como la negociación política y la legalización de las drogas harían innecesario el actual nivel de gasto militar. Esa es una tesis muy peligrosa porque las guerrillas no han mostrado ni la menor intención de querer un acuerdo de paz.
Acceder a una negociación en este momento equivale a abdicar y echar por la borda los logros de la Seguridad Democrática.
De otro lado está el sofisma de que legalizar las drogas acaba con el crimen organizado. La mafia nunca abandona la delincuencia; se transforma, se diversifica, pero nunca con apego a la ley. El periodista Roberto Saviano hace un buen retrato de esa realidad en el libro Gomorra, donde muestra la infiltración de la mafia en todos los sectores de la economía de Nápoles y el sur de Italia: el contrabando, la trata de personas, la falsificación de marcas, etc.
Estamos en un país en el que la ilegalidad se ha enquistado en la cultura y se expresa con graves manifestaciones de violencia. Faltan décadas para que se pueda prescindir de grandes inversiones en seguridad y justicia para cambiar este panorama y es un mal presagio que los más beneficiados quieran tirar la toalla tan pronto.
La seguridad es la mejor inversión, es una lástima que ellos no lo vean así.
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