Peligra la libertad de cátedra en Venezuela

Editorial

El Espectador, Bogotá

Agosto 22 de 2009

Esta vez el tema educativo el que enciende la polarización política en Venezuela.

Múltiples protestas y voces encontradas sobre las bondades y peligros de la misma copan el escenario de estos días. Y no es para menos. Cambios profundos están ocurriendo, cambios que tendrán un impacto de largo plazo.

La polémica no es nueva. Hace ya una década que el gobierno venezolano intenta hacerle cambios al sistema educativo. Los momentos políticos de alta tensión como los de los años 2001-2002 (que terminaron en golpe de Estado) y de finales de 2007 a inicios de 2008 (derrota de la reforma constitucional, fuertes protestas) terminaron por aplazar el tema. Hasta hace pocos días, en que volvió a irrumpir con gran ruido mediático.

La Asamblea Nacional —en tiempo récord y sin un debate plural— aprobó una nueva Ley orgánica de educación (en reemplazo de la de 1980) que tiene por objetivo, en últimas, educar al “hombre nuevo” o “ciudadano nuevo”, como tantas veces lo ha expresado el presidente Chávez, y en el pasado su hermano, Adán Chávez, ex ministro de Educación y a quien se considera el artífice del que sería el “currículo nacional bolivariano”: una enseñanza con valores y referentes históricos, sociales y culturales distintos.

No cabe duda de que se trata de un asunto temerario. El Gobierno ha definido la Ley como una “batalla de ideas”, de cambios de concepciones para avanzar en la construcción del socialismo. La actual Ley no es un mero instrumento de gestión, está Venezuela ante una herramienta política promulgada por un proyecto radical y nacionalista: el de la revolución bolivariana.

Los puntos álgidos que tienen enfrentados a los venezolanos son varios. Además del carácter laico de la educación, el contenido del currículo, la carrera docente, la participación de los consejos comunales como corresponsables junto con los padres del proceso educativo, la concepción del Estado docente, el ingreso a las universidades públicas y privadas y el costo de las matrículas en los colegios privados, están otros temas que no han sido aún lo suficientemente discutidos. La interpretación que se haga de lo que en la Ley se llama “prohibición de incitación al odio” y del control que se genere por parte del Estado con respecto a la “prohibición de mensajes contrarios a la soberanía nacional” en las instituciones educativas supone un álgido debate. En una palabra, peligra la libertad de cátedra.

Una Ley, en suma, que le fue presentada al pueblo venezolano bajo el argumento, nada desdeñable, de acceder a una educación incluyente y gratuita para todos, una educación supuestamente “emancipadora y liberadora” que sin embargo se fundamenta en la prohibición y la censura.

El proyecto político de Chávez avanza y se radicaliza día a día. La sociedad venezolana, como es obvio, no para de dividirse. ¿Y qué opciones tienen aquellos que no comparten los cambios, que no son pocos? Los opositores podrían recurrir a un referendo abrogatorio, que es un proceso largo y plagado de trabas. Pueden marchar y protestar a la espera de un improbable revés de la norma. O pueden simplemente rendirse e irse del país, siguiendo al pie de la letra la invitación que en repetidas ocasiones les ha hecho Chávez a los que no compartan su ideal de revolución y de la “creación del nuevo hombre”. El espacio se reduce y la posibilidad de respirar para los que no están de acuerdo con el proyecto es cada vez menor.