¿Las Farc ya no son la amenaza?

Por Iván Garzón Vallejo

El Mundo, Medellín

Agosto 20 de 2009

Leídos columnistas como Alejandro Gaviria y Claudia López han escrito recientemente que las Farc ya no son el mayor problema de seguridad del país. “El derrumbe de las Farc es evidente para la razón. Pero el corazón sigue creyendo que la amenaza es tan grande como siempre”, argumentaba Gaviria en El Espectador (“La inercia del corazón”) para destacar que las organizaciones emergentes constituyen la principal amenaza para la seguridad del país. “No hay razón para que las Farc sigan siendo el eje central del debate electoral en Colombia. Estas ya no son el actor o problema más relevante del país, ni siquiera en materia de seguridad”, sentenciaba López en El Tiempo (“El ‘coco’ de las Farc es más electoral que real”) y por ello “están lejos de ser el principal desafío estratégico de Colombia”.

Cuando los medios de comunicación no vienen informando día a día de masacres y tomas guerrilleras como otrora, sino de asesinatos selectivos en las ciudades, que según las autoridades policiales obedecen a venganzas y luchas de los grupos emergentes o Bacrim por territorios en disputa, la discusión pública de la cuestión de la seguridad es de la mayor trascendencia. La violencia de hoy ha ido cambiando de signo, pero ¿de allí se concluye que las Farc ya no son la principal amenaza para la seguridad de los colombianos? Aportaré aquí tres argumentos que pretenden discutir la tesis sostenida por los intelectuales citados.

Primero, aunque quepan en el paraguas de la seguridad, desde el punto de vista del Estado no es equiparable el problema de la delincuencia común y el narcotráfico con la guerrilla. Invoco una justificación filosófico-política: aunque las organizaciones mafiosas o delincuenciales representan un serio y creciente problema de seguridad, no pretenden disputarle la soberanía al Estado. No tienen ni necesitan un proyecto político alternativo. Como ha destacado Jorge Giraldo, a estos los mueve un animus furandi o la codicia, mientras tanto, el partisano (o guerrillero entre nosotros), tiene animus belli. Es propiamente un enemigo del Estado, pues genera un orden jurídico-político paralelo y sustitutivo en el que pretende legitimarse.

Estas consideraciones teórico-políticas no dejarían de ser meras disquisiciones académicas si ‘Alfonso Cano’ no acabara de notificarnos públicamente en la entrevista a Cambio que “la brega por el reconocimiento como organización político-militar, con una propuesta de Estado sostenida en una visión revolucionaria de la sociedad continúa siendo vital para el desarrollo de nuestro proyecto”.

Segundo, no sacar de la agenda nacional el combate contra las Farc supone un desafío histórico: el de empezar a vislumbrar la luz al final del túnel después de medio siglo de conflicto armado. Es decir, el debilitamiento irreversible del principal enemigo del Estado no puede llevarnos a sugerir que se disminuya la ofensiva. Al contrario. Los hechos de los últimos años evidencian que el Estado debe profundizar su combate contra las Farc para acercar el momento de una mesa de negociación, algo que aún con el contexto actual parece estar muy lejos. En este sentido, a pesar de los abusos semánticos y los argumentos quizás simplistas que esgrimen, tienen razón quienes temen por una nueva “caguanización” de la política gubernamental. No hay que olvidar que una de las razones del fracaso de dicho proceso fue la ingenuidad de pensar que las Farc querían y necesitaban negociar en ese momento. Hoy, una nueva forma de ingenuidad podría representar el oxígeno militar que la guerrilla necesita.

Finalmente, el tema de las Farc ha estado y estará politizado. Pero desde la sociedad civil lo que hay que criticar es el oportunismo, el triunfalismo o la ingenuidad en el tratamiento del tema por parte de los líderes políticos. No que hagan de éste objeto del debate político.

Eso es legítimo, y en esta hora de nuestra historia, absolutamente pertinente y necesario.

Si las Farc estuvieran sentadas en una mesa de negociación y desmovilizándose, los argumentos de Gaviria y López serían incuestionables. Pero ese no es el caso.

Apostilla: Educación pública ideológica, expropiación de campos de golf y más medios censurados son los recientes pasos hacia la “cubanización” de Venezuela. Y la ONU, la OEA, y Unasur, en silencio.