Los indígenas y el Gobierno

Editorial

El Mundo, Medellín

Agosto 18 de 2009

Las tribus han pagado costos enormes por su negativa a participar en el narcotráfico, la guerrilla o el paramilitarismo y por su disposición firme a defender sus tierras y pueblos.

Entre las organizaciones sociales del país, los movimientos indígenas se han destacado por su acuciosidad para defender sus derechos y perseverar en sus tradiciones. La cohesión de las comunidades ha sido barrera sólida que les ha permitido alejar a las organizaciones criminales que han pretendido desalojarlos de sus resguardos o, peor aún, usarlos para sus guerras contra el Estado. Por la claridad de sus principios y su contundente disposición a defenderlos, la mayor parte de los colombianos tenemos amplias coincidencias con nuestras comunidades indígenas.

Las tribus han pagado costos enormes por su negativa a participar en el narcotráfico, la guerrilla o el paramilitarismo y por su disposición firme a defender sus tierras y pueblos. Sólo en este año, por ejemplo, han sido asesinados 64 miembros de los grupos, veinte de ellos en la masacre cometida por las Farc contra miembros de la comunidad Awa y otro tanto en asesinatos individuales en el norte del Cauca, donde las comunidades enfrentan con inusitada valentía la presión de las Farc, que pretenden apoderarse de sus tierras, parte de un corredor estratégico para el tráfico de armas y drogas; siembran sus campos con las nefastas minas antipersonal, y los acosan con el reclutamiento forzado de menores. El país, encabezado por el Gobierno Nacional, reconoce las dificultades y riesgos que enfrentan estos pueblos y es solidario con sus causas.

A fines de la semana pasada, voceros de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, presentaron ante el Consejo de la ONU contra la discriminación racial, que sesiona en Ginebra, la radiografía de su situación y reclamaron de la comunidad internacional atender la situación de sus pueblos victimizados por las Farc y el paramilitarismo e ignorados por los grandes voceros de los derechos humanos. A pesar de que los enemigos de esas comunidades son los grupos ilegales que atentan contra el país y de que existe plena voluntad del Estado por proteger a los grupos amenazados, el consejero mayor Luis Evelis Andrade presentó sus reclamos en un tono altisonante y de marcado corte antigobiernista, que desconoce el buen clima de las relaciones del Gobierno Nacional con esos pueblos y que resulta exótico en la tradición de comunidades que son tan firmes como respetuosas para la expresión de sus reclamos. Además de desconocer los esfuerzos por investigar a los responsables de los crímenes contra los indígenas, el vocero señaló que “con el gobierno de Uribe no hemos visto avances. Más bien al revés: criminalización de los pueblos indígenas y leyes anticonstitucionales”.

Ese discurso tan parecido al que usan en sus incursiones internacionales algunas ONG y grupos sociales radicalizados, nos obliga a preguntarnos si esa es la cuota que les impuso la burocracia internacional de la ONU para prestar atención a la amenaza a la seguridad de esos pueblos. Y es que, como señaló el comunicado del Ministerio del Interior y Justicia, que trabaja con los pueblos indígenas y la Onic en la mesa permanente de concertación con los pueblos indígenas, “no entendemos como se intentan desconocer los avances visibles en las relaciones entre el Gobierno Nacional y los pueblos indígenas a través de una fluida interlocución”.

En efecto, el país es testigo de la apertura del Gobierno para mantener vigentes instancias de negociación “con las organizaciones, pueblos y autoridades indígenas”, con los que se avanza en acuerdos liderados por el presidente Uribe en sus reuniones con los líderes de las comunidades. Asimismo, son destacables las acciones de respeto a los pueblos expresadas en el hecho de que “en ningún momento se ha criminalizado a los pueblos indígenas y, de hecho, no cursa una sola investigación contra pueblo indígena alguno”. Destacamos el ánimo de concordia del Gobierno y la ratificación de compromisos para atender las demandas de las organizaciones y de protección a los grupos en riesgo de desplazamiento, con quienes se planea consultar “a partir del mes de septiembre el programa nacional de garantías y se diseñarán 34 planes de salvaguarda para los pueblos indígenas desplazados o en riesgo de desplazamiento”.

Capítulo aparte en este debate merece el relativo a la explotación de los recursos naturales en resguardos indígenas, que algunos de sus jefes pretenden que sea prohibida en forma absoluta imponiendo con su actitud una pesada carga a sus miembros y al resto del país, a los que impedirían la posibilidad de beneficiarse de la explotación ordenada de bienes que contribuyen a la superación de las difíciles condiciones de pobreza en que hoy viven muchas de las comunidades. Sobre el tema hemos abundado en otras oportunidades y esperamos volver nuevamente.