El espinazo roto

Por Libardo Botero C.

Blog Debate Nacional, Medellín

Agosto 17 de 2009

En un acto conmemorativo de la Carta del 91, la semana pasada en Barrancabermeja ante las Altas Cortes, el ex presidente César Gaviria arremetió de nuevo contra el presidente Uribe. Aseguró que Colombia no necesita caudillos, previno contra pretendidos riesgos del “Estado de opinión”, lanzó provocadoras insinuaciones sobre la connivencia oficial con el paramilitarismo, y peroró sobre la anulación de la descentralización gracias al supuesto poder omnímodo del actual primer mandatario. El trasfondo real fue el ataque al referendo reeleccionista, a punto de terminar su trámite en el Congreso, el cual a juicio de Gaviria resquebraja el sistema de contrapesos previsto en 1991.

Al final de la legislatura anterior, cuando el Senado aprobó el proyecto de referendo, había proferido similares improperios. En aquella ocasión el ex presidente Pastrana, al unísono, expresó que la decisión del legislativo significaba romperle el espinazo a la Constitución.

El presidente Uribe ha respondido con mucho tino, explicando su lucha frontal contra el paramilitarismo (que creció desmesuradamente, como se sabe, en los gobiernos de sus antecesores), defendiendo la descentralización y el respeto estricto a los mandatarios regionales, resaltando el clima de libertades pleno y de separación entre las ramas del poder que vive el país, ajeno a cualquier tentación totalitaria, entre otros temas. Y en particular, reiterando que el proceso de reforma constitucional actual no significa ruptura de la institucionalidad, sino que se verifica dentro de parámetros constitucionales y legales. A diferencia, anotó oportunamente, de la convocatoria “plebiscitaria” de la Constituyente del 91, la cual, además, violó la limitación de los temas a contemplar y abruptamente revocó al Congreso.

Es claro que las Cámaras han obrado sujetándose estrictamente a la normatividad vigente. El desasosiego propio de una derrota política conduce a formular semejantes exabruptos a curtidos políticos que debieran tener la gallardía de aceptar la derrota y prepararse para la batalla de las urnas. Pero parece que lanzar suspicacias se ha convertido en costumbre de la oposición, y que prefieren escurrirle el bulto a los comicios parapetándose en leguleyadas, como medio para detener la voluntad popular.

Fue la Carta del 91, lo ha recordado Eduardo Posada Carbó, la que estableció herramientas de participación como el referendo, de origen popular en este caso, al cual el Congreso le ha dado vía. ¿Qué es lo que se ha roto? Dentro de la escasa argumentación doctrinal de los opositores –que el mismo Posada Carbó reconoce- parece sugerirse que la democracia está en peligro sobre todo por la alteración de los contrapesos previsto en la Carta Política.

En un libro recién publicado sobre la reelección (Por qué sí reelegir a Álvaro Uribe, Oveja Negra, 2009), el académico Alfonso Monsalve demuestra, Constitución en mano, que un presidente que ejerza tres veces consecutivas no podrá incidir sino marginalmente en el equilibrio de poderes. Lo mismo acaba de argüir el presidente Uribe en Barrancabermeja: “El Gobierno no interviene en la conformación del Consejo de Estado ni en la conformación de la Corte Suprema de Justicia. Interviene, a través de ternas, en una de las salas del Consejo de la Judicatura. Y de los nueve magistrados de la honorable Corte Constitucional, propone tres a consideración del Congreso de la República.” Dado que los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República tienen un período de 8 años, la posibilidad de cambiar la mayoría sería muy reducida. Pudiendo salvarse cualquier escollo -si se materializa un tercer período- con una enmienda constitucional sencilla.

Agreguemos, de contera, que la arquitectura de la Carta dictada en 1991 no es muy equilibrada que digamos. Para la muestra un botón: hay un abierto desbalance en cuanto al juzgamiento de los altos dignatarios del Estado, a favor de las Cortes. Mientras los congresistas son juzgados por la Corte Suprema de Justicia, sin derecho a una segunda instancia, y con detención desde el inicio del proceso, el Congreso –encargado supuestamente de juzgar a los magistrados- está por completo limitado. Solo puede llevar los procesos hasta tomar medidas administrativas, como la destitución del cargo; el penal únicamente puede ser adelantado por la misma Corte Suprema. ¿Es eso equilibrado? Independientemente del debate sobre la reelección, ¿no debería modificarse esa distorsión? La abolición de la inmunidad de los congresistas adoptada en el 91 dejó al Congreso al arbitrio de los jueces, como se está comprobando en estos días.

Pero, por otro lado, podríamos agregar que hay una confusión entre la potestad del presidente de nominar para un cargo y el que esa persona sea una ficha suya. Aún en caso de que no hubiera reelección. Esa es una presunción grave y falsa. No solo por las calidades exigidas a los candidatos a dichos cargos, sino por el hecho de que no son de libre nombramiento y remoción del presidente y no están obligados a seguir su voluntad. De allí que haya sido casi una regla en estos años, que esos funcionarios públicos hayan actuado con la mayor autonomía, contradiciendo con frecuencia al gobierno que los postuló.

He aquí otra confusión: que tener independencia sea estar en contra. Si un Fiscal, Procurador o Magistrado de una Alta Corte adopta decisiones en consonancia con el Ejecutivo, siempre que se atenga a las disposiciones legales, actúe libre de presiones y obre a conciencia, es tan independiente como cuando las toma en contravía de éste. En cambio debieran causar alarma presiones burdas como las ejercidas por Pastrana para que la Corte Constitucional falle sobre el referendo en sentido negativo, so pena de considerar a sus miembros como peleles de Palacio.

Lo anterior me lleva a una reflexión final: ¿si un partido o coalición –no ya un presidente- gobierna por varios períodos e impone funcionarios de su signo en las distintas ramas, se le “tuerce el cuello” a la democracia? ¿Debería también limitarse eso? Pienso por el contrario que es justo que las diferentes ramas del poder reciban el aire fresco de los vientos dominantes en la opinión. Como en EEUU, donde la composición de la Corte Suprema, hablando de tendencias liberales o conservadoras, ha sufrido a través del tiempo cambios notables que reflejan los vuelcos políticos del país. Sin que nadie lo objete ni descalifique, pese a que es el Presidente quien nomina y el Congreso quien elige. Porque ningún poder en una democracia, incluido el jurisdiccional, puede ser una ínsula, aislado de la evolución política y filosófica prevaleciente.

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