¿Listos para la CPI?

Editorial

La Patria, Manizales

Agosto 18 de 2009

El que no se acoja a lo que manda la Corte Penal Internacional, que se atenga a las consecuencias de una justicia mundial implacable.

En escasos dos meses y medio (el 1 de noviembre) entrará en plena vigencia para Colombia, sin beneficios de ninguna clase, el fuero de la Corte Penal Internacional (CPI), organismo que se encarga de juzgar en los países signatarios del llamado Pacto de Roma tanto a funcionarios de un Estado como a miembros de organizaciones armadas ilegales que sean hallados culpables de violaciones a los Derechos Humanos (DD. HH) y al derecho Internacional Humanitario (DIH).

Se trata de la entrada en pleno orden de la jurisdicción de dicha Corte, un logro de significativa importancia para un país que como el nuestro se debate (a pesar de los logros de las Fuerzas Armadas) en un doloroso conflicto, razón por la cual muchos crímenes de guerra o de lesa humanidad que quedaban en la impunidad serán de estricto manejo de este órgano de justicia humanitaria.

Si bien antes de la salida del presidente Andrés Pastrana nuestra nación suscribió este Pacto, al mismo se le hizo entonces una salvedad de siete años al incluir en esta los llamados crímenes de guerra por ser los que se cometían abiertamente, caso de asesinatos fuera de combate; toma de rehenes o secuestro; destrucción de bienes de la población civil; uso de armas no convencionales y de efectos indiscriminados; ataques a centros de salud, educativos y sedes religiosas; desapariciones forzadas, y tratos crueles y humillantes contra el rival vencido.

A pesar de las críticas de entonces a esas salvedades, analistas las interpretaron no como una acción premeditada para favorecer a algunos sino como un mensaje a los grupos armados ilegales para que en los siete años siguientes (hasta el 1 de noviembre próximo) tuvieran gestos de respeto por el DIH y se abrieran posibilidades en cuanto a la solución negociada del conflicto.

No obstante las cosas nunca se dieron en las posibilidades esperadas y por eso ahora que se acerca la fecha de aplicación plena de la CPI, las Fuerzas Armadas desarrollan, y así lo hacen desde hace varios años, un completo plan de capacitación y formación en DD.HH. y en DIH a todo su personal, para que el tema no los coja fuera de base, sepan a qué atenerse y eviten hechos que mancillen el nombre del país y el de sus instituciones.

Ese es uno de los retos inmediatos que tiene el Ministro de Defensa, Gabriel Silva. Si bien garantizar la seguridad nacional, no aflojar en cuanto a la persecución contra los miembros del secretariado de las Farc y ser mucho más efectivos frente a la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia común, las bandas emergentes y el sicariato son retos inaplazables, la adopción total del Pacto de Roma es una obligación ineludible pues cobija a todos los miembros de los organismos de seguridad, es decir Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía.

Hoy, independiente de los éxitos logrados a partir de la Seguridad Democrática en sus siete años de efectividad, tiempo que ha servido para mostrar una Fuerza Pública más profesional, más efectiva, más responsable, más consagrada y más respetuosa de los Derechos Humanos, hay que mencionar tristes episodios como los falsos positivos, las ejecuciones montadas, los casos del mal llamado fuego amigo y las relaciones y vínculos con grupos de extrema derecha.

Por eso lo que se necesita es un profundo nivel de preparación que les permita a oficiales, suboficiales y la más alta cúpula de seguridad del país entender y poderles explicar a todos los miembros de las fuerzas existentes que sus acciones contra el enemigo y en las que se realicen por necesidad del servicio contra la ciudadanía, deben primar el respeto de todas las garantías y de la defensa del DIH. Cabe mencionar que también insiste Silva, por orden expresa del presidente Uribe, en garantizarles a los uniformados una defensa legal que no les implique pagarla cuando resulte acusados por razón de bien intencionado oficio.

Otra cosa es lo que les espera frente a la justicia internacional a los jefes de grupos armados ilegales o terroristas, sean de las Farc, Eln, ex paras o bandas de delincuentes y del narcotráfico que usan de manera indiscriminada armas y métodos no convencionales contra la fuerza pública y contra la población indefensa. El que no se acoja a lo que manda la CPI que se atenga a las consecuencias de una justicia mundial implacable.