Las ‘bacrim’ y el paramilitarismo

Editorial

El Mundo, Medellín

Agosto 19 de 2009

Analistas, periodistas y medios de comunicación tenemos que ser muy precisos en esto para no confundir a la gente más de lo que está.

Leímos con atención el informe con que El Tiempo abrió ayer su edición impresa, acerca del “auge de las bandas de ex paramilitares”, escrito con base en denuncias de la Defensoría del Pueblo y varias Ong de derechos humanos que hablan de “nuevos copamientos de estos grupos en el país, e incluso de rearme paramilitar con intereses distintos al combate a la guerrilla: el punto de partida de las Auc”.

La primera debilidad en el enfoque del problema por parte de las entidades que sirven de fuente al diario capitalino es considerar el accionar de las “bandas emergentes” o “bandas criminales”, ‘bacrim’ – como las llama el gobierno – como el resurgimiento del paramilitarismo. Nos parece que analistas, periodistas y medios de comunicación tenemos que ser muy precisos en esto para no confundir a la gente más de lo que está. El paramilitarismo de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia y todas sus derivaciones fue fundamentalmente un proyecto militar contrainsurgente, es decir, desde su origen y en su fase de mayor expansión, que fue desde mediados de los 90 del siglo pasado hasta comienzos de este siglo – cuando el actual Gobierno emprendió el proceso de desarme y desarticulación de esas estructuras– las AUC se comportaron como un ejército irregular enfrentado a las guerrillas y disputándose con éstas palmo a palmo los territorios y muchos espacios de poder local y regional. Las autodefensas empezaron extorsionando a los empresarios del campo, luego a los narcotraficantes y, como las guerrillas, terminaron involucradas hasta el tuétano con el narcotráfico como medio de financiación de su empresa criminal y de enriquecimiento de sus jefes.

La Fundación Seguridad y Democracia publicó un interesante ensayo –“Magnitud de la verdad del paramilitarismo”– en que se describe muy bien el fenómeno: “Cuando los paramilitares hicieron su aparición en las regiones colombianas, como respuesta al avance de la guerrilla en una primera instancia y luego como un proyecto propio de Estado regional, se impusieron como nuevas élites regionales... Aunque las expropiaciones a terratenientes tradicionales y los asesinatos de políticos reacios a aceptar el sometimiento a una fuerza superior fueron más comunes de lo que se cree, la mayoría se adaptó a las circunstancias. Algunos se convirtieron en parte activa de la organización paramilitar, otros aprovecharon la situación para aumentar su riqueza e influencia política mediante alianzas que traspasaban la barrera de la legalidad, mientras que la mayoría simplemente se ajustó a las restricciones del nuevo orden y aprovechó las oportunidades que ofrecía la nueva situación”.

De ahí se desprende que es un error caracterizar a bandas como “Águilas negras”, “la Cordillera”, “los Rolos”, “los Rastrojos”, “los Paisas”, entre otras, como estructuras paramilitares, pues, en primer lugar, no están enfrentadas a la narcoguerrilla y, por el contrario, le prestan servicios o actúan en alianza con ella en distintas regiones de Colombia, tanto para el control de rutas del narcotráfico como para la compra de armas en el mercado negro; y en segundo lugar, carecen de cualquier motivación política y su accionar es típicamente de delincuencia común, así muchos de sus integrantes sean ex reclutas o si acaso mandos medios de las antiguas estructuras de las autodefensas.

En estos cuatro años de vigencia de la ley de Justicia y Paz se han desmovilizado unos 50.000 irregulares, de los cuales cerca de 32.000 fueron paramilitares que se reincorporaron a la vida civil de forma colectiva y el resto corresponde a entregas individuales o de pequeños grupos de miembros de las Farc y el Eln. Entre tanto, los catorce jefes de las AUC, que se habían desmovilizado pero siguieron delinquiendo desde las cárceles de seguridad donde estaba recluidos a la espera de ser juzgados bajo la benévola legislación, terminaron en buen momento extraditados y respondiendo desde EEUU no sólo a la justicia de ese país que los juzga por narcotráfico, sino a la de Colombia que los procesa por crímenes de lesa humanidad. Ahí murió el paramilitarismo en Colombia y el hecho de que un 9% de los desmovilizados, según cifras de la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, haya abandonado el proceso y vuelto a delinquir, no implica un renacimiento de esas estructuras que ya no tienen razón de ser porque el Estado acabó con ellas a las buenas o a las malas y ahora enfrenta solo a la narcoguerrilla y a las bandas de delincuencia común organizada.

Otra incongruencia en el análisis del problema de las “bacrim” tiene que ver con las cifras tan disímiles que manejan la Defensoría del Pueblo, las Ong y la Policía Nacional. Según esta última, sus intensos operativos de los últimos meses han dado como resultado el debilitamiento de tres de esas organizaciones y quedarían sólo ocho en todo el país. En cambio, la Fundación Nuevo Arco Iris sostiene que son 82, con presencia en 273 municipios, mientras que la Defensoría coincide en el número de bandas pero dice que tienen incidencia en 141 municipios de 25 departamentos. En cuanto al número de miembros, la Policía habla de 4.000 mientras que otras entidades calculan que son 10.000. Conviene hacer un esfuerzo para llevar esas cifras a términos reales, pues de ello depende en buena parte el éxito de la lucha contra el crimen.