En legítima defensa

Jaime Jaramillo Panesso

Colombina News, París

Febrero 10 de 2010

Ni la paz ni los acuerdos de suspensión de la violencia, ya sea intra familiar, ya sea entre comunidades o entre bandoleros, pueden hacerse con micrófono en mano o con la cámara en el hombro. Necesaria es la confidencialidad o el secretismo.

Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, Jorge Gaviria Vélez, Francisco Galán y quien esto escribe, en atención a un grupo amplio de personas de altamente preocupadas por la violencia urbana en esta ciudad, decidimos dedicar nuestro esfuerzo inmediato a mermar los homicidios en Medellín y su entorno metropolitano. Un desangre de jóvenes vidas y de ciudadanos que las autoridades no habían logrado detener.

Para actuar pedimos permiso al Presidente de la República quien tiene a potestad legal, no para actuar en su nombre, sino para cumplir las exigencias normativas. Informamos también al Alcalde de Medellín, no para actuar en su nombre, sino por un grado de respeto. La acción nuestra se encaminó a buscar en el bajo mundo a los responsables del mando de los combos, bandas y demás organismos que estaban enfrentados por razones de poder, sin desconocer que esas organizaciones también se financian de manera ilegal. Logramos mediante visitas a las cárceles y a ciertos lugares de la ciudad, contactar a hombres de la violencia urbana que se encuentran divididos en los bandos pertenecientes a “Sebastián” y a “Valenciano” y obtener un alto en el camino de las muertes, mediante la mediación de terceros que en este caso éramos el Comité de Notables, denominación que nos dio una dama conocedora del tema. En resumen: actuando como un pequeño destacamento humanitario, escuchamos de estos ciudadanos sus manifestaciones de cansancio de su guerra, la necesidad de recomponer sus relaciones antagónicas y vengativas y marchar hacia una tregua o pacto de no agresión, acuerdo que logró la aprobación de los dos jefes máximos mediante compromisarios. Esa tregua comenzó el 1 de Febrero del año en curso. La Comisión, además, considera que los sujetos inmersos en delitos deben acogerse al principio de oportunidad y sometimiento a la ley. Pero esto es determinación de cada no de ellos y sus abogados, puesto que la Comisión no tiene facultades judiciales ni es agente fiscal del gobierno.

En ese estado de cosas la Comisión perdió la confidencialidad de su trabajo, quedó desnuda y visible al salir sus nombres a la luz pública. El proceso es aún muy débil y los alcances de esta labor apenas comenzaban. Por lo tanto los frágiles resultados puede terminar en la basura y en una frustración. Hay quienes se sienten competidos y reaccionan visceralmente, cuando no entienden que la vulnerabilidad de lo logrado puede quedar en cenizas. Otros hay que desestiman nuestro trabajo porque su capacidad legal y represiva es la que debe primar. La Comisión ha hecho lo que su conciencia de ciudadanos les ha señalado, basándose en el respeto a la ley y al derecho fundamental de la vida. El fracaso de esta modesta intervención se deberá a que el proceso queda expósito. A la comedia del escándalo titulada “Yo no fui”, le contestamos: “Yo si fui y ustedes no dejaron”. Quien esto escribe considera que los delincuentes y los presos, los desmovilizados y los inmovilizados por las heridas y el desplazamiento urbano, también tienen derechos humanos.