La consulta Caribe

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Febrero 9 de 2010

Para hoy está previsto que el Consejo Nacional Electoral (CNE) defina el futuro de una interesante propuesta respaldada por los ocho gobernadores de los departamentos de la Costa Atlántica. Se trata de la "consulta Caribe", según la cual el electorado costeño tendría la posibilidad de depositar un voto adicional en las próximas elecciones del 14 de marzo para apoyar la creación de la región del mismo nombre. De encontrar eco en los magistrados, la Registraduría suministraría el respaldo logístico y la contabilización institucional de los sufragios.

La iniciativa -liderada por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano- busca que una copiosa votación genere el necesario impulso político para que el Congreso discuta y apruebe una ley orgánica de ordenamiento territorial. En más de 18 años, igual número de intentos por reglamentar esta vital materia constitucional en el Legislativo ha fracasado. Dada la relación íntima entre territorio, manejo de los recursos públicos y distribución del poder político, los congresistas han preferido por casi dos décadas mantener el statu quo y evitar que la ley les abra la puerta a nuevas opciones de organización del país, como serían las regiones autónomas.

Al respecto, hay que decir que la diversidad geográfica, cultural y económica de Colombia es una realidad inocultable. La riqueza natural, los capitales humanos y sociales, así como el grado de fortaleza de las instituciones, varían de una región a otra del territorio nacional. En el caso de la Costa Atlántica, el 45 por ciento de sus habitantes vive en situación de pobreza. Por más esfuerzos que se hayan desplegado en los últimos 25 años en favor de la descentralización, las regiones siguen luchando contra un marcado centralismo en varios aspectos de la estructura estatal. Sin embargo, lo que los constituyentes de 1991 pretendían era precisamente que el territorio colombiano pudiera ordenarse de maneras más flexibles y gobernarse con un mayor grado de autonomía local.

Ante el flagrante vacío de reglamentación de este articulado de la Carta Política, la papeleta Caribe sería el mecanismo de participación adecuado para expresar el apoyo popular a esta nueva forma de organización. No obstante, las perspectivas en el CNE no son halagüeñas. Según declaraciones de algunos magistrados, la consulta de los costeños no cumple con los requisitos legales porque la ley de ordenamiento territorial no ha sido expedida. Por ende, el camino hacia la regionalización por medio del voto popular no sería el más adecuado.

Cabría, entonces, preguntarles a las autoridades electorales qué camino les queda a los dirigentes costeños. ¿Esperar a que por arte de birlibirloque el Congreso apruebe una ley orgánica de ordenamiento territorial que no le ha importado en 18 años? La consulta Caribe no tiene consencuencias jurídicas vinculantes ni constituye un llamado a la secesión; es un ejercicio pedagógico y de participación popular en el que los habitantes de una región del país expresan su deseo de organizarse mejor bajo las normas de la Constitución.

Más allá de si hoy los magistrados del CNE entierran la papeleta Caribe, la iniciativa costeña tiene dos grandes méritos. El primero es el de reactivar la imperiosa necesidad de que el Congreso debata y apruebe lo más pronto posible una ley de ordenamiento territorial que incorpore las nuevas realidades nacionales y modernice las normas vigentes. Así, su reglamentación podría abrirles la puerta a modelos alternativos de desarrollo para las regiones más pobres. El segundo aspecto positivo es el llamado a la voluntad popular para legitimar estas medidas. Negar la consulta es darles un portazo en la cara a los millones de habitantes de una zona del país que sólo quieren empujar a los congresistas a que cumplan con su deber.