A superar el "impasse"

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Octubre 17 de 2009

La decisión de la justicia ecuatoriana de ordenar la captura y extradición del comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Freddy Padilla, por el bombardeo al campamento de 'Raúl Reyes' se convirtió en un nuevo obstáculo para el renovado esfuerzo de los gobiernos de Quito y Bogotá orientado a normalizar sus relaciones diplomáticas. Así, la petición del juez de la provincia de Sucumbíos desembocó en la cancelación del primer encuentro de la comisión binacional, pactado para ayer en Ibarra (Ecuador).

Es preocupante que las autoridades judiciales del vecino país sigan insistiendo en la vinculación penal de altos funcionarios colombianos al proceso por la incursión contra el segundo líder de las Farc, ocurrido hace año y medio: primero, el ex ministro Juan Manuel Santos y ahora, el general Padilla. Esta orden de captura contradice la reciente decisión del Ejecutivo ecuatoriano de incluir el tema de los procesos contra representantes del gobierno colombiano dentro de los puntos de la agenda de restablecimiento de los canales diplomáticos entre ambas naciones. Al parecer, el juez de Sucumbíos continúa sintonizado en la frecuencia del burdo nacionalismo y la retórica agresiva que, en buena hora, el presidente Rafael Correa optó por abandonar.

Aunque existen sólidos argumentos para secundar la calificación del ministro de Defensa, Gabriel Silva, de la decisión judicial de marras como una "agresión jurídica" contra Colombia, hay que resistir la tentación de agravar la situación con declaraciones fuertes y decisiones intempestivas. No solo el tema hace parte integral de las conversaciones binacionales, sino que el gobierno de Quito, aun en medio de la controversia, sostuvo inequívocamente su voluntad política de continuar con la "hoja de ruta" y con la reunión de Ibarra.

Por más graves que sean los intentos de la justicia de Ecuador por estirar su brazo hacia la cúpula de defensa colombiana, el objetivo superior de retornar a la normalización de relaciones no puede perderse de vista. Además, tiene razón el gobierno ecuatoriano al recordar que sus autoridades judiciales son autónomas del Ejecutivo. Lo paradójico del impasse diplomático -como lo llamó el presidente Álvaro Uribe- es que, por primera vez en meses, la prudencia vino del Ejecutivo del país vecino y la reacción altisonante caracterizó la postura colombiana, con excepción de las declaraciones del canciller Jaime Bermúdez, artífice de este proceso de negociación.

Mientras el encuentro binacional de ayer se cancelaba, el Ministerio de Comercio Exterior destacaba el cumplimiento de las autoridades ecuatorianas del desmonte gradual de una salvaguardia cambiaria que el gobierno de Correa había impuesto a 1.346 partidas arancelarias colombianas. La medida, acordada en agosto pasado, beneficia a productos como papel, confecciones, calzado y cuero, entre otros, e implica un paso adelante en la normalización del intercambio comercial entre ambos países. Según el ministro Luis Guillermo Plata, "se observa un buen horizonte para nuestra relación bilateral en los próximos meses".

Permitir que la inoportuna decisión de un funcionario menor eche por la borda el silencioso y meritorio esfuerzo de las dos cancillerías por impulsar la "hoja de ruta" sería un acto de gran torpeza. Las negociaciones están precisamente diseñadas para abordar temas sensibles, como el de los procesos judiciales contra Santos y Padilla. Y una prueba de la solidez de esta vía diplomática es que ambos cancilleres se mantienen firmes en su cita del próximo 3 de noviembre. Una inmediata reprogramación del encuentro cancelado en Ibarra sería una excelente muestra del blindaje de estas negociaciones.